La incorporación de inteligencia artificial (IA) en el ámbito público en México ha experimentado un notable aumento en tiempos recientes. No obstante, este progreso tecnológico ha venido con inquietudes sobre la claridad y la responsabilidad en su aplicación dentro de las entidades del gobierno.
Situación actual de la IA en el ámbito público mexicano
Un grupo de investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ha encontrado no menos de 119 aplicaciones de IA funcionando en los tres poderes de la Unión y en las diversas instancias del gobierno en México. Estas herramientas incluyen desde chatbots para atención al público hasta sistemas de análisis de datos para apoyar la toma de decisiones. No obstante, lograr acceso a información específica sobre estas aplicaciones ha resultado complicado debido a la falta de transparencia y a la reticencia de ciertas entidades a ofrecer datos claros sobre su utilización y operación.
Investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) han identificado al menos 119 aplicaciones de IA operando en los tres poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno en México. Estas herramientas abarcan desde chatbots para atención ciudadana hasta sistemas de análisis de datos para la toma de decisiones. Sin embargo, obtener información detallada sobre estas aplicaciones ha sido un desafío debido a la opacidad y la resistencia de algunas instituciones a proporcionar datos claros sobre su uso y funcionamiento.
Con el objetivo de promover la transparencia, académicos del CIDE elaboraron un registro de los algoritmos empleados por el sector público en México. Este proyecto tiene como finalidad documentar las aplicaciones de IA en distintas entidades y señalar los obstáculos para acceder a información crucial sobre su uso, regulación y objetivos. Durante la fase de recolección de datos, se enviaron alrededor de 2,200 solicitudes de transparencia a organismos públicos. No obstante, numerosas dependencias mostraron resistencia al proporcionar información o contestaron de manera vaga. En algunas situaciones, las instituciones solo admitieron el uso de IA tras la presentación de recursos de revisión frente a los órganos de transparencia. Estados como el Estado de México y Nayarit sobresalieron por su falta de respuesta general.
Confusión y escasa comprensión sobre la IA
Otro inconveniente detectado es el desconocimiento existente dentro de las mismas instituciones acerca de qué califica como una aplicación de IA. En numerosas respuestas a solicitudes de transparencia, las dependencias mencionaron herramientas de software convencional, como paquetes de oficina o sistemas de ciberseguridad, como si fueran inteligencia artificial. En total, 223 aplicaciones reportadas no cumplían con los requisitos fundamentales para ser clasificadas como IA, lo que evidencia un problema de desinformación incluso en las áreas de tecnología de la información del gobierno.
Aspectos éticos y peligros relacionados con el uso de la IA
Consideraciones éticas y riesgos asociados al uso de la IA
El uso de IA en el sector público también ha generado debates éticos relacionados con la privacidad, la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información. La opacidad en los algoritmos puede afectar la confianza de la ciudadanía en estas herramientas, especialmente si no se conocen los criterios bajo los cuales operan o si existen sesgos que puedan conducir a decisiones discriminatorias. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, se implementaron chatbots como «Susana Distancia» y «Dr. Armando Vaccuno» para informar a la población. Sin embargo, surgieron preocupaciones éticas sobre la transparencia y la privacidad en su uso, lo que llevó a una baja confianza y uso por parte de la ciudadanía.
Necesidad de un marco regulatorio adecuado
La falta de transparencia en el uso de IA por parte de los gobiernos resalta la necesidad de establecer marcos regulatorios que garanticen la auditabilidad y responsabilidad en el uso de estas tecnologías. Es esencial analizar las legislaciones en diferentes ámbitos e identificar cómo podrían ser utilizadas adecuadamente para garantizar que la implementación de IA respete los derechos de la ciudadanía y opere de manera ética y transparente.
